La ignorancia zamorista que persigue a Julio Alegre

Se creía que, procedimentalmente, el juez que remite (o eleva) una causa a juicio ya nada puede hacer en el expediente y, en consecuencia, las actuaciones, los detenidos y todos los encartados (aunque se encuentren en libertad), son puestos a disposición de la cámara o tribunal competentes.
Se creía, reiteramos, que era lo correcto.

Daives- Coria vignolo- Zamora

Sin embargo, la “justicia” de hoy, en el “nuevo Santiago” de Gerardo Zamora, “introdujo” reformas originalísimas como que el juez que instruyó la causa contra el intendente Julio Alegre, el tal Juan Ignacio Coria Vignolo, cuando recibe órdenes de la Casa de Gobierno decide pasarse el Código de Procedimiento Criminal por donde mejor se le ocurra y lo pisotea a su antojo; total, goza de la impunidad del zamorismo. Todo porque en este “nuevo Santiago” de Zamora existen leyes para los funcionarios y otras para los ciudadanos.
El tal Coria Vignolo fue llamado por el subsecretario de Justicia, Ramiro Santillán Zavalía (así era conocido desde que nació, aunque ahora para no enojar a Zamora oculta su apellido materno), porque por orden del ministro Ricardo Daives y del gobernador Gerardo debía trasladar urgente a Julio Alegre de la escuela de Policía (avenida Colón y Lavalle) hacia el establecimiento carcelario federal de Colonia Pinto, a 40 kilómetros de la capital.
¡Ignorancia pura! De Zamora, de Daives, de Santillán Zavalía y de Coria Vignolo. Torpes e inútiles totales y van a quedar al descubierto cuando empiecen a aparecer en el juicio oral y público los desaguisados que cometieron al decidir “enterrar” a Alegre por el solo pecado de contar con mayor convocatoria que Zamora en la ciudad Capital, lo que quedaba evidenciado en cada acto público.
Se pusieron de acuerdo para tenderle “¡la cama!” y se enredaron en la improvisación y el desconocimiento no sólo del Código de Procedimiento Criminal sino de todo el plexo técnico-jurídico, tanto que completaron más de 40 cuerpos de una causa en la que desbordan las nulidades. Bueno sería, al final de proceso, llevarlos de vuelta a la universidad y tomarles examen a estos ineptos que constituyen verdaderos deméritos a la profesión de abogado y a la función pública.

Todo, por el abogado defensor

Los disparates del zamorismo se aceleraron cuando Alegre sacó a patadas a los tres abogados disfrazados de “defensores” y que pagados por la Casa de Gobierno fueron a ofrecer sus “servicios” para representar al ex intendente.
Julio tomó la decisión de designar al penalista Víctor Daniel Nazar (de notoriedad en el doble crimen de La Dársena y que permitió terminar con la era juarista, que la Nación intervenga la provincia y que se encarcele a policías autores de crímenes atroces), al cerrar la “etapa de silencio” y comenzar “el tiempo de contradenuncias y del desenmascaramiento” para exhibir los hechos y los nombres y apellidos de los verdaderos ladrones y corruptos que siguen enriqueciéndose con dineros del Estado.
“Nazar será mi abogado y con él voy al juicio oral”, fue la última respuesta de Alegre a los operadores zamoristas que regresaron cabizbajos porque no lograron doblegar ni menos comprar al detenido ni a su representante legal.
Y, como no venderse pone furiosos a los corruptos, Zamora, Daives y Santillán Zavalía gritaron al unísono: ¡”Mándenlo al penal de Colonia Pinto!”.
El tal juez Coria Vignolo cumplió al pie de la letra la orden que le transmitió Santillán Zavalía y firmó el decreto que su amigo Marcelo Pato, el jefe de policía y “preferido” del gobernador, se encargó de diligenciar y trasladar al ex jefe comunal al interior de la provincia.
Antes, cuando el expediente estaba a su disposición, el inepto magistrado había fundado una resolución por la que trasladó a Alegre de Colonia Pinto a la escuela de Policía. Ahora, olvidó que tenía que ser otra resolución la que debía modificar la anterior, y no un decreto; pese a que ya no es competente, porque el expediente se halla en instancia superior.
Reiteramos, si alguien no se les vende, se resienten, y son resentidos de lo último y sin límites. Alegre no les hizo caso y no cambió de abogado. Entonces, de manera irregular, lo mandaron a 40 kilómetros de la ciudad Capital. Buscan aflojarlo, porque su familia está imposibilitada de viajar esa distancia. Saben los perseguidores que Los Alegre quedaron sin medio de movilidad porque los vehículos que poseía Julio están ahora en manos de hijos de funcionarios zamoristas de la municipalidad de la Capital, como el caso del hijo de “Pepe” Buxeda que se pasea orondo manejando el rodado del ex intendente.
De paso, con Alegre en Colonia Pinto, su abogado pierde contacto con él y se le hace imposible ejercer integralmente el derecho a defensa tan custodiado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
“Son riesgos”, murmura Alegre. “No nos vamos a arrodillar jamás”, replica su abogado.Están jugados.
Como lo estuvo el valiente Raúl Domínguez que aguantó la tortura hasta la muerte, pero no cambió su testimonio en el que daba nombres y apellidos de los funcionarios y empresarios ladrones que estafaron a la dirección de Rentas a través de la timbradora apócrifa.
Como lo estuvo el valiente Norberto Edgardo LLugdar que aguantó su enfermedad en el calabozo hasta su muerte por no callar y brindar nombres y apellidos de las abogadas y escribanas mujeres de altísimos funcionarios del Poder Ejecutivo que hicieron y hacen tropelías con los títulos en el Registro de la Propiedad, apoderándose de grandes extensiones de campos (fiscales y privados).
Como lo estuvo el joven friense Jonatan Barrera (policía) que persiguió y en el camino avisó a la jueza y al intendente “Cuchi” Salim los nombres y apellidos de los narcotraficantes a los que trataba de aprehender y los que terminaron por asesinarlo con un disparo en la nuca.
Hoy, afortunadamente, son muchos más los dispuestos a no callar ni temer ni entregarse ni arrodillarse a los funcionarios más corruptos que soportó la historia de Santiago del Estero.